MILLONADAS PARA LOS EXPRESIDENTES
- Las pensiones vitalicias para ex presidentes.
- Otras prestaciones.
- Sin fundamento legal.
FIL. C. SALVADOR MURILLO LARA.
De acuerdo a investigación realizada por el Senado de la República se reportó que las pensiones y las prestaciones de los 5 ex presidentes –aunque Ernesto Zedillo renunció a su pensión vitalicia- tienen un costo al erario público de 259 millones, 115 mil, 269 pesos al año, lo que representa en promedio un monto de 51 millones 823 mil pesos anuales por cada uno, así como un monto de 4 millones, 318 mil pesos mensuales, por cada uno de ellos.
Fue desde 1976, en que el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez decretó que quienes dejaran el cargo debían recibir una pensión vitalicia. Luego, Miguel de la Madrid, lo ratificó en 1987, un año antes de dejar la presidencia.
En la actualidad, cada ex presidente cuenta con 103 funcionarios y militares a su servicio, de los cuales 78 son elementos de las fuerzas federales; también disponen de 25 empleados de la federación: tres choferes y personal de oficina, y tienen derecho a una camioneta blindada, otra más para su esposa y sus hijos, y tres autos para escoltas.
Tienen una pensión vitalicia de 164 mil pesos, seguro de vida y gastos médicos mayores. Se cubren sus gastos de telefonía, y tienen acceso a viajes internacionales o al extranjero. Además reciben primas mensuales, aguinaldo, bonos, prima vacacional y “apoyo” para la compra de despensas. En el caso del fallecido ex presidente José López Portillo, la pensión aún se entrega a viuda e hijos.
El problema de las pensiones vitalicias, jubilaciones, prestaciones y demás gastos, es que se manejan de una manera discrecional por el mandatario en turno, ya que no existe una normatividad que regule esta partida. El presidente Felipe Calderón no etiquetó recursos económicos para este rubro en su proyecto de Presupuesto de Egresos 2008, que envió al Congreso para su análisis.
De acuerdo al senador David Jiménez Rumbo (PRD) esos recursos son una “mochada” que se entrega de manera “ilegal” a voluntad del Ejecutivo porque no están contemplados en ninguna ley, los que salen de una partida especial designada por el propio presidente en turno; ya que no podemos hablar de un a pensión o jubilación porque no cumplieron con los 30 años de tiempo que marca la ley.
Según académicos y expertos en Derecho, entre ellos Raúl Carrancá, estas pensiones no tienen ningún sustento legal.
Al no tener ningún sustento legal y manejarse de una manera discrecional por parte del Presidente en turno, esto da motivo a toda una serie de anomalías en el gasto público, ocasionando, a la vez una serie de injusticias de carácter económico, político y social.
¿Cómo es posible que cada uno de estos 5 ex presidentes , representen para todos los mexicanos un gasto de más de 4 millones mensuales, ante una población en donde predomina la pobreza, el desempleo, la inflación y la falta de oportunidades?
Si las pensiones de los ex mandatarios no tienen ningún sustento legal, esto significa que el presidente Calderón tiene la facultad de limitar esos derechos o cancelarlos en su Presupuesto, ya que no están incluidos en ninguna ley o cuerpo normativo. De acuerdo a los académicos y expertos en Derecho, estos gastos son meros acuerdos de carácter administrativo, sin ningún sustento legal.
Según los expertos, ante el carácter ilegal de las pensiones y prestaciones de los ex mandatarios mexicanos es necesario crear una legislación que ponga fin a la “discrecionalidad” con la que se erogan los recursos públicos.
Según el Doctor en Derecho Raúl Carrancá y Rivas, todos estos haberes de retiro de los ex titulares del Ejecutivo federal deben situarse dentro de un marco jurídico, no sin antes reducirlos. En principio, de acuerdo a este especialista, es un acuerdo ilegal, totalmente contrario a derecho y caracterizado por la inequidad. Los acuerdos presidenciales no tienen fuerza jurídica para generar privilegios de tal clase, además de que favorecen la formación de castas, otorgando concesiones realmente odiosas, en contra de los principios republicanos.
De acuerdo al constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, las jubilaciones de los ex presidentes pasan por encima de la Carta Magna, siendo simples acuerdos administrativos, que no están previstos en ninguna ley y que violan la Constitución de la República.
Por lo anterior, es necesario que el Congreso de la Unión se ponga a legislar sobre este aspecto fundamental para todos los mexicanos, tomando en cuenta las opiniones de todos los sectores de la sociedad, así como los estudios serios y profundos de los especialistas en el Derecho.
- Las pensiones vitalicias para ex presidentes.
- Otras prestaciones.
- Sin fundamento legal.
FIL. C. SALVADOR MURILLO LARA.
De acuerdo a investigación realizada por el Senado de la República se reportó que las pensiones y las prestaciones de los 5 ex presidentes –aunque Ernesto Zedillo renunció a su pensión vitalicia- tienen un costo al erario público de 259 millones, 115 mil, 269 pesos al año, lo que representa en promedio un monto de 51 millones 823 mil pesos anuales por cada uno, así como un monto de 4 millones, 318 mil pesos mensuales, por cada uno de ellos.
Fue desde 1976, en que el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez decretó que quienes dejaran el cargo debían recibir una pensión vitalicia. Luego, Miguel de la Madrid, lo ratificó en 1987, un año antes de dejar la presidencia.
En la actualidad, cada ex presidente cuenta con 103 funcionarios y militares a su servicio, de los cuales 78 son elementos de las fuerzas federales; también disponen de 25 empleados de la federación: tres choferes y personal de oficina, y tienen derecho a una camioneta blindada, otra más para su esposa y sus hijos, y tres autos para escoltas.
Tienen una pensión vitalicia de 164 mil pesos, seguro de vida y gastos médicos mayores. Se cubren sus gastos de telefonía, y tienen acceso a viajes internacionales o al extranjero. Además reciben primas mensuales, aguinaldo, bonos, prima vacacional y “apoyo” para la compra de despensas. En el caso del fallecido ex presidente José López Portillo, la pensión aún se entrega a viuda e hijos.
El problema de las pensiones vitalicias, jubilaciones, prestaciones y demás gastos, es que se manejan de una manera discrecional por el mandatario en turno, ya que no existe una normatividad que regule esta partida. El presidente Felipe Calderón no etiquetó recursos económicos para este rubro en su proyecto de Presupuesto de Egresos 2008, que envió al Congreso para su análisis.
De acuerdo al senador David Jiménez Rumbo (PRD) esos recursos son una “mochada” que se entrega de manera “ilegal” a voluntad del Ejecutivo porque no están contemplados en ninguna ley, los que salen de una partida especial designada por el propio presidente en turno; ya que no podemos hablar de un a pensión o jubilación porque no cumplieron con los 30 años de tiempo que marca la ley.
Según académicos y expertos en Derecho, entre ellos Raúl Carrancá, estas pensiones no tienen ningún sustento legal.
Al no tener ningún sustento legal y manejarse de una manera discrecional por parte del Presidente en turno, esto da motivo a toda una serie de anomalías en el gasto público, ocasionando, a la vez una serie de injusticias de carácter económico, político y social.
¿Cómo es posible que cada uno de estos 5 ex presidentes , representen para todos los mexicanos un gasto de más de 4 millones mensuales, ante una población en donde predomina la pobreza, el desempleo, la inflación y la falta de oportunidades?
Si las pensiones de los ex mandatarios no tienen ningún sustento legal, esto significa que el presidente Calderón tiene la facultad de limitar esos derechos o cancelarlos en su Presupuesto, ya que no están incluidos en ninguna ley o cuerpo normativo. De acuerdo a los académicos y expertos en Derecho, estos gastos son meros acuerdos de carácter administrativo, sin ningún sustento legal.
Según los expertos, ante el carácter ilegal de las pensiones y prestaciones de los ex mandatarios mexicanos es necesario crear una legislación que ponga fin a la “discrecionalidad” con la que se erogan los recursos públicos.
Según el Doctor en Derecho Raúl Carrancá y Rivas, todos estos haberes de retiro de los ex titulares del Ejecutivo federal deben situarse dentro de un marco jurídico, no sin antes reducirlos. En principio, de acuerdo a este especialista, es un acuerdo ilegal, totalmente contrario a derecho y caracterizado por la inequidad. Los acuerdos presidenciales no tienen fuerza jurídica para generar privilegios de tal clase, además de que favorecen la formación de castas, otorgando concesiones realmente odiosas, en contra de los principios republicanos.
De acuerdo al constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, las jubilaciones de los ex presidentes pasan por encima de la Carta Magna, siendo simples acuerdos administrativos, que no están previstos en ninguna ley y que violan la Constitución de la República.
Por lo anterior, es necesario que el Congreso de la Unión se ponga a legislar sobre este aspecto fundamental para todos los mexicanos, tomando en cuenta las opiniones de todos los sectores de la sociedad, así como los estudios serios y profundos de los especialistas en el Derecho.
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